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La Educación es un cachondeo

No ha tardado ni un año el gobierno del PP en demostrar que quiere un nuevo modelo de sociedad comenzando por cambiar la Educación.

En un alarde más de caprichos ideológicos del gobierno de turno (ahora le toca al PP), la Educación vuelve a ser el instrumento de lucha partidista y partidaria en un país al que le duele ya el alma de tanto cambio sin sentido en algo que debería ser estable e intocable.

Como era de esperar por las continuas promesas vertidas por su partido antes, durante y después de las elecciones, el ministro Wert convierte a la Educación en objeto de cambio y de disputa política e ideológica, para escarnio de la comunidad educativa. Cambio y disputa que vuelven a colocar a España como ejemplo de lo que no se debe hacer con un servicio público tan sensible y tan importante.

No voy a entrar en analizar el fondo del proyecto de Ley denominado de Mejora de la Calidad de la Educación porque llegará el momento y la oportunidad de hacerlo. Lo que ahora sorprende es, por una parte la nula negociación y consenso para diseñar el sistema educativo que pretende esta ley y por otra el poco respeto que se tiene por uno de los principales servicios públicos de cualquier estado democrático y de Derecho.

Nadie duda que a cualquier gobierno le asiste el derecho legítimo de proponer leyes al parlamento para su tramitación y posterior debate y aprobación, sin embargo, nadie duda que por mucha legitimidad que una urna haya dado a una opción política, eso se convierta en un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana. El Partido Popular está utilizando su victoria electoral para dejar como un erial todo lo que “huela” al partido gobernante anterior, aunque con ello tenga que dejar como un erial cualquier servicio público como el educativo.
Cambiar una Ley de Educación no es un juego de niños y jamás debería ser una medida  a modo de escarnio fruto del poderío de unas mayorías parlamentarias sobre las minorías. El error de los políticos de turno que con frecuencia pululan por despachos ministeriales y demás instituciones del Estado es pensar que una mayoría les da la razón en exclusiva en toda una legislatura. Eso ni es cierto y además es un error. Cambiar una Ley de Educación sin negociación y sin consenso como quiere hacer ahora el PP supone abrir la espita a la refriega política que se sustanciará en cuanto otro partido tenga la misma mayoría que el que ahora gobierna. Cualquier Ley que suponga la imposición de una mayoría sobre el resto, la imposición de una ideología sobre otras, la imposición por encima del consenso y la negociación, estará condenada al fracaso y a la desaparición en cuanto se produzca la alternancia de gobierno. Eso, desgraciadamente es lo que viene pasando hasta la fecha.

España necesita estabilidad educativa para atajar los retos y dificultades con los que nos hemos encontrado continuamente. Es razonable pensar que el revulsivo que supuso en su momento la LOGSE ya no tenía sentido,  en gran medida porque la sociedad de 1990 ya no es la sociedad de 2012; pero nadie duda que los cambios, aunque necesarios, deben hacerse buscando el  compromiso de todos los sectores sociales y de todas las fuerzas políticas, en pos de una estabilidad necesaria y urgente.

En España, quitando los sinceros intentos de consenso auspiciados por el anterior Ministro Gabilondo, nadie se ha preocupado de subir al mismo barco del compromiso a los representantes de la Comunidad Educativa con el fin de diseñar una Ley de Educación PARA TODOS. La prueba de esa situación que no tiene parangón en ningún país occidental, es la “hemorragia” de leyes que hemos ido conociendo los ciudadanos españoles desde 1985. Nuestro parlamento estatal ha aprobado un total de seis Leyes Orgánicas referidas al ámbito educativo: Ley Orgánica del Derecho a la Educación, Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, Ley Orgánica de Participación, Gobierno y Evaluación de los Centros Docentes, Ley Orgánica de Calidad de la Educación y Ley Orgánica de Educación.  Un montón de leyes que convierten a España en el paradigma de país irresponsable, improvisador y poco serio en temas educativos, siendo objeto de estudio e incluso de mofa en algunos manuales de Educación Comparada de algunas universidades europeas. Todo ello sin olvidar las “aspiraciones” y “derecho” a la propia identidad de cada Comunidad Autónoma, que ha traido consigo también la aparición de leyes de educación territoriales o autonómicas que aumentan la cosecha del despropósito.

La Educación constituye uno de los pilares básicos del estado del Bienestar y del progreso en cualquier país y no puede encontrarse en el campo de batalla de las disputas ideológicas ni políticas. Para ello, es imprescindible un cambio de mentalidad en nuestros gobernantes, un esfuerzo por superar las  rencillas ideológicas que les permita realizar acuerdos y concesiones.

A veces la valía personal de nuestros políticos roza el esperpento, si no lo han rebasado ya. Los ciudadanos asistimos atónitos a una carrera de despropósitos en la que parece que se lleva la palma el actual ministro de Educación, cuyo paso por ese departamento va a ser de lo más doloroso que recordará este país en muchos años.

A pesar de la deficiente valoración que dan a la gestión del Ministro  todas las encuestas de opinión, él tiene la obligación de rectificar a tiempo y dotar al Sistema Educativo de una seriedad y una estabilidad que hasta ahora no ha tenido. El camino elegido no solucionará el problema y conseguirá que la Educación siga siendo “un cachondeo” como viene siendo hasta ahora. O cambian el anteproyecto o la Ley se aprobará pero nacerá muerta.

Miguel Ángel González Halcones
Secretario General de FETE-UGT TOLEDO

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