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Arañando todo lo que se puede…

El pasado lunes 6 de agosto se publicó la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha.

Con esta Ley se da una nueva vuelta de tuerca, tratando de arañar más si cabe, en lo referente al ahorro en personal funcionario. La disposición contiene medidas en materia de contención del gasto público, así como una serie de reformas legislativas sobre la Ley 11/1997, de 17 de diciembre de creación de la empresa pública “Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha”.

En el Título I, se regula la prolongación de la permanencia en el servicio activo, con la pretensión de “contribuir a racionalizar las plantillas adecuando las mismas a las necesidades reales que derivan de la prestación de los servicios públicos”. Asimismo, se habilita “al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Junta para adoptar en los términos que resulten necesarios (…) la reducción de la jornada de los puestos de trabajo ocupados por personal interino. A continuación, se “flexibilizan las causas de reducción de la jornada, permitiendo la elección de este mecanismo de manera voluntaria y sin requisitos añadidos”.

Igualmente se fomenta que “el personal funcionario de carrera y el personal estatutario fijo puedan solicitar excedencias o licencias no retribuidas por asuntos propios con el consiguiente ahorro retributivo que ello supone y la contribución a una mayor conciliación de la vida personal, familiar y laboral”.

A priori, podríamos pensar que se están proponiendo verdaderas medidas de ahorro económico, pero lo que no deja ninguna duda es que la única prioridad es ahorrarse todo el personal interino posible, con independencia de que empeore la calidad en el servicio prestado. Y eso queda bien patente con la coletilla que repiten al final de cada uno de los supuestos: “No se podrán sustituir a las personas a las que se les conceda (…) prevista en esta disposición”.

Está claro que la tipología del funcionariado es muy variable, pero en el caso de los funcionarios docentes (cuyas medidas se extenderá a los cursos escolares 2012/13 y 2013/14), ¿acaso piensan dejar sin profesorado al alumnado durante 2 cursos escolares si un docente pide una excedencia o una reducción de jornada?

Y por otra parte, si como reza en el Artículo 2, en el que se habilita al Consejo de Gobierno para reducir la jornada, con la correspondiente reducción proporcional de retribuciones, de los puestos ocupados por personal empleado público interino de la Administración de la JCCM, ¿serían capaces de dejar sin cubrir ciertos tramos horarios por la reducción de jornada de un docente interino en hasta el 15% sólo por el ahorro producido?

Desde luego que sobra cualquier tipo de comentario, en este ambiente de inseguridad y ambigüedad jurídica que estamos sufriendo, que dejan lugar a muchas interpretaciones, que evidentemente no beneficiarán al funcionario.

Por otra parte, aprovechan fechas en las que los docentes estamos oficialmente de vacaciones, para poner en marcha determinadas medidas y modificaciones normativas:

Y encima se vanaglorian de dejar ya en marcha en CLM la futura Ley de Calidad Educativa.

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