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Con las arcas en los talones

A estas alturas de la tragicomedia económica en Castilla-La Mancha (evidentemente de más tragedia que de comedia), a nadie se le escapa que la situación económica no era nada boyante antes de que se produjera el cambio de gobierno regional. Tampoco debe pasar desapercibido para el ciudadano de a pie, que las medidas puestas en marcha por el actual equipo de gobierno presidido por la Sra. De Cospedal en el denominado “Plan de Garantía de los Servicios Básicos”, no sólo no están mejorando la situación, sino que lejos de mejorarla, la están haciendo exponencialmente insostenible.

Y para muestra, sólo debemos fijarnos en el lamentable estado de las arcas de los centros docentes de nuestros barrios, localidades y comarcas. La cuestión es que al ya mermado presupuesto de los centros castellano-manchegos (reducido ya por el anterior gobierno en un 10% para el año 2011), los equipos directivos tienen que hacer verdaderos encajes de bolillos para arrancar la jornada cada día.

El engranaje comienza a caballo entre los meses de enero y febrero cuando la Consejería de Educación, Cultura y Deportes solicita a los centros un presupuesto para los gastos de funcionamiento para el año natural (no el curso escolar) y con dicho presupuesto propuesto, previa aprobación de su Consejo Escolar, la JCCM saca su propia calculadora en base a las características y dimensiones del centro y establece la cuantía que éste recibirá, que por supuesto va a diferir de lo presupuestado por el propio centro y con evidente y notoria tendencia a la baja.

Lo habitual hasta hace un par de años era que hacia el mes de marzo se produjera un pago a los centros del 40% de lo establecido por la JCCM, y el otro 60% se llevara a cabo hacia el mes de septiembre, con lo que los centros debían llegar hasta el mes de marzo del año siguiente. Sin embargo, ya las tornas cambiaron en 2009 y 2010, de forma que el primer ingreso lo empezaron a recibir los centros en abril y el segundo ya no llegó en septiembre, siendo además desglosado en un 30% para bien entrado el mes de octubre y el otro 30% para el mes de enero del año siguiente, cuando incongruentemente ya se había elaborado un nuevo presupuesto sin recibir la cuantía del año anterior.

Con estos antecedentes llegamos a 2011 en el que al mencionado rebajón efectuado, el primero de los ingresos correspondiente al 40% se retrasa de forma alarmante, cuando los centros ya adeudaban ingentes cantidades a sus proveedores, por supuesto todas acordes a lo presupuestado por la propia JCCM. Algunos centros sufrieron cortes de luz y teléfono, otros sólo amagos o restricciones de llamadas, pero estratégicamente y después de haber anunciado el primer paquete de medidas la Sra. De Cospedal, el 2 de septiembre se hizo efectivo el abono del mencionado 40%. Evidentemente, con ese dinero la mayoría de los centros hizo frente a las deudas contraídas, si bien algunos a pesar de ese ingreso quedaron en números anaranjados. Los más ingenuos hasta debieron pensar que todo volvía a la normalidad y que los pagos se agilizarían. Pues no.

Desde septiembre de 2011 los centros no han vuelto a recibir ninguna cantidad correspondiente a los gastos de funcionamiento, y algunos equipos directivos dan gracias de que, a pesar de estar ya en enero de 2012, apenas haya hecho frío hasta ahora y hayan ahorrado algo de combustible. A otros centros como al IES Juan de Padilla de Illescas (Toledo) ya se les acabó, y la propia empresa suministradora les niega el suministro ante los impagos que arrastra. (Nos consta que la aparición en prensa de la noticia surtió efecto y rápidamente en la mañana de hoy les han hecho un suministro express que evidentemente no se ha pagado porque el dinero sigue sin llegar).

Con esta perspectiva, nos podemos imaginar que además de la volatilidad del gasoil, la telefonía de los centros comunicará o no nos dará tono de llamada, el agua se distribuirá por goteo, los ascensores tendrán que mantenerse siempre en la misma planta, la jardinería estará abocada a lo que la sabia naturaleza decida, los desperfectos irán en aumento porque no se podrán reparar y qué decir del material que no puede ser adquirido por los distintos departamentos didácticos para las actividades docentes cotidianas o de los pobres auxiliares de conversación que vienen con una mísera beca de 700 euros mensuales y cuya cuantía al no ser satisfecha por la Administración a los centros en los plazos previstos, no ha podido ser abonada en más de una ocasión, o ha tenido por sentido común que ser anticipada de su bolsillo por los propios equipos directivos y/o claustros de profesores.

Un suma y sigue que parece no tener fin, que condiciona enormemente la Educación Pública de aquello con lo que se les llena la boca últimamente a la administración educativa … “Calidad”.

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